Desde chiquitos los hombres aprenden que cuando se portan mal corren el riesgo de ser castigados, con un abanico de sanciones impuestas por los padres, que pueden ir desde dejar de mirar la tele por una semana, no salir a jugar con los amigos o quedarse sin postre. Entre la mala conducta y la pena existe una lógica. De grandes, debería ocurrir algo similar con las sanciones impuestas por el Estado. Una conducta reprimida por el Código Penal de la Nación debería tener una pena acorde con el daño provocado. Pero esto ya no es así.
Un código penal que desde su sanción, en 1921, hace ya 85 años, sufrió 878 modificaciones en su articulado no puede tener a esta altura de los acontecimientos demasiada lógica. Después de todo, es el encargado de definir las conductas prohibidas de un país.
La casi totalidad de los jueces de la Nación, tienen MIEDO de aplicar el máximo de las penas. Y ese miedo deviene de la presión que ejercen, desde el poder político, hasta los medios de comunicación, transformando, por culpa de esos jueces, la INDEPENDENCIA del PODER JUDICIAL en lo absolutamente opuesto. Por esa razón van al mínimo de la pena, que reducida a la mitad por buena conducta, menos el tiempo que estuvo detenido hasta que salió la sentencia, seguramente da como resultado la liberación del detenido por algún artilugio legal también contemplado en el CODIGO PENAL.
Mientras tanto una Comisión convocada por la Secretaría de Política Criminal de la Nación está viendo de qué manera pueden terminar de transformar nuestro maltratado CODIGO PENAL en un soberano y peligroso mamarracho jurídico, tratando de imponerle una idea abolicionista, considerando a quienes delinquen, víctimas de la misma sociedad de la que provienen.
28 junio 2006
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