DELINCUENTE... ¿y esa palabra...?

El gobierno no está intelectualmente en condiciones de afrontar el problema de la delincuencia porque su concepción ideológica está ligada a la equivocada idea de que la represión de la delincuencia es ilegítima y violatoria de los Derechos Humanos de los delincuentes.
La dificultad básica para resolver el problema de la delincuencia radica en que es necesario saber qué es lo legítimo y qué no lo es. Esta confusión es un resabio de la aplicación de métodos inapropiados para combatir la subversión terrorista en la década del 70. Desde entonces, cualquier cosa que implique enfrentar la ilegalidad queda sospechado “a priori” de ser represivo, genocida y violatorio de los Derechos Humanos. Por eso es necesario aclarar qué es lo que resulta éticamente aceptable y lo que no en lo referido a la lucha contra el delito.
El punto de partida es tener en claro qué es un delincuente. Y un delincuente es un sujeto que voluntariamente eligió situarse fuera de la ley y atentar contra derechos de otros ciudadanos. Un delincuente no es una víctima de un sistema social injusto, sin perjuicio de que efectivamente haya un sistema social injusto. Por lo tanto, el delincuente no tiene derecho a justificar su accionar como una supuesta “reivindicación” ante las injusticias sociales. Si hay injusticias sociales –que por cierto las hay– habrá que resolverlas de otro modo, no cometiendo delitos.
Una vez que tengamos en claro que un delincuente es un individuo que eligió situarse fuera de la ley, corresponde recalcar que no por eso el delincuente deja de tener garantías y que las fuerzas de seguridad no tienen derecho a avasallar al delincuente por su condición de estar al margen de la ley. Sin embargo, esto, a su vez, no le da derecho al delincuente a ampararse en esas garantías para buscar vueltas procesales que le permitan eludir la sanción que le corresponde.
El problema es, esencialmente, político. El gobernante que tenga a su cargo la dirección política de la lucha contra la delincuencia debe respaldar plenamente la acción de las fuerzas de seguridad porque ellos, los agentes policiales, son quienes arriesgan su vida para combatir la delincuencia. Debe, además, proveerles de los recursos materiales y legales necesarios para desarrollar su tarea. Y, al mismo tiempo, debe establecer con claridad los límites a los que el accionar policial debe ceñirse.